El derecho a la paz busca garantizar que todas las personas puedan vivir en una sociedad que excluya la violencia como medio de solución de conflictos; impedir la ejecución de vulneraciones a los derechos humanos; y proteger a las personas contra todo acto de arbitrariedad, violencia o terrorismo{{131}}.
Según la Declaración sobre el derecho de los pueblos a la paz del Consejo de Derechos Humanos de la ONU{{132}}, este derecho tiene dos componentes: uno negativo y uno positivo. El componente negativo busca garantizar el fin de los conflictos armados y el cese de las hostilidades. El componente positivo protege la democratización y la vigencia integral de los derechos humanos, aspectos que son indispensables para la superación de las causas de los conflictos armados.
Adicionalmente, la Declaración sobre el derecho de los pueblos a la paz establece que este derecho busca garantizar que toda persona pueda disfrutar de la paz de tal forma que se promuevan y protejan todos los derechos humanos. Además, sostiene que los Estados deben respetar, aplicar y promover la igualdad y la no discriminación, la justicia y el estado de derecho y garantizar la liberación del temor y la miseria como un medio para consolidar la paz en las sociedades.
La Constitución de Colombia establece en su artículo 22 que la paz “es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento”. Además la Corte Constitucional ha establecido que la paz es un fin que el sistema jurídico debe buscar, un principio que dirige la acción de todas las autoridades públicas y un derecho que determina las acciones que deben seguir los particulares y las autoridades{{133}}.
Por último, uno de los mayores desarrollos del derecho a la paz se ha dado para establecer cuáles son sus límites o excepciones. Así, se ha mencionado que esto puede suceder en casos de guerra justa, el derecho humanitario y la justicia transicional{{134}}.Por ejemplo, se ha reconocido que la administración de justicia asuma procedimientos excepcionales en situaciones de tránsito a la paz mediante la justicia transicional, pero también ha aclarado que en estas circunstancias las violaciones a los derechos humanos deben ser investigadas, enjuiciadas y reparadas{{135}}.
